TALCA.- Enmarcado en el recurso de reclamación establecido en la Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, artículos 20 y 29, el municipio de Linares a través del estudio jurídico Bartucevic & Mauriz, interpuso un recurso de protección que busca impedir la construcción de las centrales de paso Centinela y El Castillo a través de  la suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental, en la que se dio luz verde para la construcción de las hidroeléctricas, tal como se estableció en la resolución exenta Nº 206 firmada por el intendente Rodrigo Galilea, publicada el 3 de enero pasado.

Así lo dio a conocer el cofinancista del municipio de Linares en materia jurídica, senador del Maule Sur, Hernán Larraín, quien señaló que “la idea es defender hasta el fin el cajón del Achibueno e impedir que se instalen estas centrales que causan un daño a la biodiversidad y al turismo de la zona. Para evitar la resolución de la Corema hemos presentado el recurso de protección que esperamos tenga la debida tramitación con todos los antecedentes que existen avalados por los informes de la Contraloría que presenta objeciones al dictamen, atendido que cuando se hizo la Corema había dejado de funcionar por la aparición de la nueva ley”, sostuvo el senador gremialista.

RECURSO DE ILEGALIDAD

Paralelamente, el Movimiento Ciudadano “Salvemos el Achibueno”, asesorados por el mismo equipo jurídico que financian el municipio de Linares y el congresista Hernán Larraín, interpusieron ante la Conama en Santiago, un recurso de ilegalidad “dado que las diversas seremías que integran la Corema de la Región del Maule, no acogieron o no respondieron debidamente las observaciones realizadas por un grupo de afectados. Por lo tanto, estamos actuando en un doble esquema destinado a enmendar, por una o por otra vía, esta mala decisión que adoptó nuestra Corema. Esto es un trabajo transversal dado que todos los parlamentarios de la zona están respaldando esta iniciativa que encabeza el municipio de Linares”, sostuvo el senador Larraín.

TRANSVERSALIDAD

El tema ha permitido unificar a los bloques políticos imperantes en el país y en la región como son el oficialismo y la oposición. Ambos sectores, tanto Concertación como Alianza, se encuentran detrás de las acciones legales adoptadas en contra de la construcción de las hidroeléctricas el Castillo y Centinela, tal como lo señaló la senadora opositora del Maule Norte, Ximena Rincón.

“El municipio de Linares, junto a las organizaciones de defensa del río Achibueno, colocó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Talca contra las centrales del río Achibueno y al que acompañamos, como forma de respaldar la iniciativa legal, todos los parlamentarios de la zona, tanto de Gobierno como de oposición. Es una acción legal que en su proceso de tramitación no se han dado respuestas a todos los requerimientos de los servicios y además porque se ha hecho cuando la Corema tenía su plazo vencido de acuerdo a la nueva institucionalidad y eso también se ha hecho presente en el recurso de protección, así que esperamos se acoja el recurso y con ello se tenga que cumplir con la normativa y no se pueda llevara a cabo esto que se ha presentado como una central de pasada pero que finalmente no lo es”, sostuvo la senadora Rincón.

SEA

Para el ingeniero civil a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Tomás Irarrázabal, la presentación del recurso de protección presentada ante la Corte de Apelaciones de Talca por el municipio de Linares, se ajusta a derecho “puesto que la ley establece que la gente que se sienta afectada contra una resolución del Estado pueda reclamar, así que somos respetuosos de los procedimientos. Esperábamos que se produjera alguna interposición de recursos de protección, era predecible y lo esperábamos, pero nosotros estamos tranquilos en que el proceso de evaluación se hizo de acuerdo a lo establecido en las normas y no debería generar mayor problema”.

Respecto al argumento sostenido en el recurso de protección, referido al cambio de institucionalidad de la Corema, Tomás Irarrázabal fue taxativo en señalar que “para nosotros el tema está zanjado por la Contraloría  que dice que los dictámenes de la Corema aun cuando los haya debido realizar la comisión de evaluación son perfectamente válidos. Ahora el poder judicial es otro poder del Estado independiente de la Contraloría que es parte del ejecutivo y podría manifestarse en contra, pero no creo que la justicia se pronuncié en contra porque hay una interpretación de la ley bastante clara y hay jurisprudencia al respecto, si así ocurriese, solo retrotraería el proceso de evaluación y obligaría nuevamente a que el Servicio de Evaluación Ambiental se pronuncie nuevamente, tampoco sería un rechazo al proyecto, sino que sería volver atrás en el proceso de evaluación, pero no creo que eso vaya a ocurrir”, indicó Irarrázabal.

Fuente: Diario El Centro

Anuncios