Mientras en Chile y el mundo, aún retumban los ecos del exitoso rescate de “los 33 de Atacama”, incluido recibimiento de héroe para el Presidente en Europa; en la provincia de Linares hay un sentimiento de frustración y desencanto, también hay un dejo de rabia e impotencia por la decisión de 14 autoridades regionales que en su calidad de consejeros de la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema, aceptaron la construcción de centrales hidroeléctricas en la única cuenca no intervenida de la provincia, en un sitio de conservación prioritaria –según la Conama- y en un lugar donde sobre la base de la actividad turística están centradas –vaya paradoja- las esperanzas de desarrollo económico sustentable de Linares y Longaví.
De nada importaron antecedentes claramente decidores. Encuestas de opinión que muestran un 87 por ciento de rechazo al proyecto, los parlamentarios de la zona, también los dos alcaldes, la mayoría de los concejales, cientos de dirigentes sociales y hasta el Obispo de Linares, todos se sumaron a un rechazo transversal pocas veces visto por estos lados. Sin embargo, el portazo fue contundente y 14 autoridades nombradas por este Gobierno y siguiendo instrucciones superiores, obviaron lo no obviable y se ampararon en la letra, no en el espíritu de la ley, para darle el vamos a estas centrales.
Una aberración ambiental y un triunfo del sinsentido, que bien merece un par de consideraciones. La primera es que el drama del Achibueno no puede servir para obtener dividendos políticos, los mismos que se canalizaron cuando gobiernos anteriores se vieron enfrentados a similares escenarios y desde la entonces Oposición se lanzaban gruesos dardos. Hoy nadie lanza fuego al Presidente y su Gobierno, nadie rasga vestiduras ni pide investigaciones, pese a las obvias instrucciones que recibieron sus autoridades para dar este doloroso sí, porque se entiende que este sistema horrendo es el resultado de una mala legislación, que vio la luz más pensando en las empresas y no en el medio ambiente y la comunidad que vive en él.
Así, ayer y hoy, hay malas decisiones y total falta de coraje. Con la excepción que confirma la regla, la única autoridad que tuvo la valentía de decir que no, fue la Gobernadora de la provincia de Linares. Si, la representante del Presidente Piñera en estas ocho comunas del Maule Sur reconoció que nadie pudo haber estudiado a fondo los antecedentes que llegaron un par días antes, que no hay una, sino decenas de observaciones que la empresa no respondió y que el proyecto es una especie de gato por liebre, porque cuando estén construidas y se busquen durante años las centrales de pasada, nadie las va a encontrar, porque no van a existir. Van a estar las centrales hidroeléctricas, no con uno, sino que con tres embalses, eufemísticamente llamados tranques en el proyecto, y con una intervención en el río que no tiene parangón, que si no lo mata, lo deja malherido.
De hecho, la propia gobernadora reconoció que con la nueva política ambiental, las centrales hidroeléctricas en el Achibueno no pasan la prueba de la blancura y pidió suspender la votación por un par de días para que los consejeros visitaran el cajón del Achibueno, porque varios de los que se sentaron ahí para votar conocen el lugar sólo por fotos. Si, no se extrañe, así es, pero el director de la Corema, sostuvo que era imposible, que había plazos perentorios y que la empresa podía hacer cumplir la ley de silencio administrativo, pese a que en cinco oportunidades pidió ampliación de plazo. Cosas del sistema.
Otro punto. Servicios como el Sag, Conaf y la Seremi de Vivienda levantaron sus observaciones por arte de magia y despues del ICE, porque no tuvieron a mano antecedentes nuevos de la empresa para tomar esta decisión y jamás explicaron las causas de este accionar. Investigando, encontré una carta del director regional de la Conama a los titulares de estos servicios en la que pedía analizar la posibilidad de levantar los cuestionamientos, misiva que no sólo está fuera de plazo, sino que entrega razones que están más cerca del ofertón que de antecedentes técnicos. A saber, la titular del proyecto se comprometía a realizar inversiones por dos millones de dólares en 21 años, levantar antenas de celulares y construir caminos. Claro que con un pero, la oferta se concretaba si y solo si no se le hacían nuevas exigencias en la RCA.
Claramente aquí la seriedad brilla por su ausencia, porque no hay plazos ni detalles -a la vista del público- de cómo se materializarán estas ofertas, salvo los dos millones de dólares que se invertirán en el irrisorio plazo de 21 años. O sea, cuando los que aprobaron probablemente estén retirados de la actividad pública y no puedan asumir la responsabilidad política de haber aceptado este ofertón, que ni siquiera tiene letra chica visible.
Queda claro que aquí hubo una voluntad política superior a la fuerza de los actores regionales, pero no puede haber desánimo, porque las peleas justas hay que darlas hasta el final. Aún queda un recurso de reclamación ante la CONAMA y, por cierto, en los tribunales de justicia, pero para tener éxito también debemos ser capaces de aprender de esta derrota y comprender que no basta que todos pensemos igual, sino que tenemos la obligación de actuar y conformar un pacto social y político para salvar al río Achibueno.
Debemos obviar las naturales y evidentes diferencias políticas, tenemos el deber de dejar de lado las palabras y asumir acciones concretas para seguir luchando por el patrimonio ambiental y turístico de Linares y Longaví. No nos quedemos en la crítica, sino que redoblemos esfuerzos, unámonos y golpeemos las puertas que tengamos que golpear para detener esta verdadera aberración ambiental que están cometiendo las 14 autoridades de Gobierno.
Parafraseando a nuestro prócer, Manuel Rodríguez, el mensaje es claro. Aún hay Achibueno Ciudadanos y ahora tenemos que abocarnos a demostrar que el proceso de evaluación no fue el óptimo, que hubo inexperiencia y manga ancha hacia la empresa. Un ejemplo: no hay Línea Base y si logramos demostrar estas inconsistencias en las apelaciones técnicas y recursos judiciales, salvaremos al río Achibueno.
Eso, en lo urgente, porque en lo importante hay que poner atención en la normativa para que nunca más en Chile el poder del dinero esté por sobre la voluntad ciudadana, lo que se consigue dando un espacio concreto, con voz y voto, a los representantes sociales en todas las instancias de decisión y propiciando también la intervención de profesionales independientes y reduciendo la participación de agentes del Gobierno, porque en las actuales condiciones el proceso no es más que un triste saludo a la bandera.
Ximena Rincón, Senadora de la República por Maule Sur
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